“La Reforma Municipal y sus distintas miradas” ¿Encuentro o desencuentro?, por Arturo Baos C.

La Reforma Municipal: El gobierno ha anunciado que a más tardar en marzo de este año, enviará al Congreso un proyecto de Ley de Reforma Municipal, cabe entonces preguntarse ¿Qué es la reforma municipal?, pues bien, como diría el antiguo “profe” de Educación Cívica, ésta se puede definir como un conjunto de regulaciones impulsadas por un gobierno cuyo objetivo es atender las demandas de los usuarios y usuarias, como también para modernizar los gobiernos locales, dotándolos de profesionales, técnicos, tecnología y estructuras orgánicas flexibles adecuados a los tiempos que vivimos. A ese objeto se refiere la facultad consagrada en el artículo 121 de nuestra Constitución Política. Como se sabe la CPR otorga a los Alcaldes/as la potestad para crear y suprimir empleos, también para reestructurar su organización interna y establecer sus propias escalas de remuneraciones. Literalmente suena bonito, pero para nosotros la “reforma municipal” significa la aplicación del 121, por lo tanto, el riesgo de la cesantía. Dado lo anterior, debemos preguntarnos como se asegura y garantiza a los funcionarios municipales la propiedad del cargo ganada con sacrificios y a costa de exiguas remuneraciones y otras postergaciones de antigua data.

La mirada de los trabajadores: Los funcionarios y funcionarias municipales no nos oponemos a la reforma ni a la modernización municipal, por el contrario, la creemos necesaria pero siempre y cuando ésta no signifique la pérdida de la estabilidad laboral a cambio del ansiado mejoramiento económico. Recordemos que este tema, el perfeccionamiento del sistema de remuneraciones del sector municipal, nos ha ocupado largo tiempo y dilatado extensamente por los gobiernos de la Concertación, casi al borde del chantaje. Digo chantaje porque en verdad durante los gobiernos de los últimos veinte años todas nuestras demandas históricas, como la mantención de la estabilidad, mejoramiento de remuneraciones, aumento de las plantas, negociación colectiva y otras, fueron siempre consideradas como una moneda de canje, a cambio del 121, cuyo valor intrínseco contenía nuestras más anheladas reivindicaciones. He aquí mérito y reconocimiento a “Yáñez y sus Boys” quien supo liderar un arduo y perseverante trabajo que terminó enterrando el proyecto de regulación del 121 del anterior Gobierno y pese a que éste había sido notoriamente mejorado por la Subdere de la época, sin embargo, siempre persistía el riesgo de perder la estabilidad laboral.

La mirada de los Alcaldes: Podemos entender a los Alcaldes y Alcaldesas cuando se quejan de la falta de profesionales especializados en diversas materias municipales o cuando se quejan de las rígidas y anquilosadas plantas de personal, pese a que cuentan con el recurso de contratar a honorarios, no obstante, la modernización no puede ser apetecida como una herramienta que permita el despido masivo de funcionarios y funcionarias ya sea por razones políticas o para “atraer a profesionales” de sus mismas tiendas. Eso no podemos permitirlo porque cada cuatro años tendríamos innumerables despidos y diásporas de funcionarios y funcionarias municipales a lo largo del país, condenados a la cesantía, con el riesgo de conducirnos a la politización del personal quienes podrían tomar posiciones radicales acordes a sus identidades y con un perjuicio inherente para los habitantes de las comunas.

La esperada mirada del Estado: Los funcionarios públicos en general, esperan que el Estado imponga sus intereses por sobre los del modelo económico y los de la clase política a fin de protegerse justamente de tentaciones y oscilaciones políticas, de la corrupción y de los oscuros e insaciables deseos del mundo financiero quienes en conjunto y organizadamente suelen esquilmar los Estados destinándolos a la quiebra. Nuestro Estado, conjuntamente con los funcionarios públicos y municipales queremos un país con una administración pública transparente, eficiente, al servicio de todos sus ciudadanos y ciudadanas sin distinción de clase ni de credo. Para aquello se requiere de estructuras orgánicas sólidas, con personal eficiente y permanente, con una carrera funcionaria que no sólo ofrezca la inamovilidad que a muchos no gusta si no que también sea una oportunidad de desarrollo laboral, personal, profesional, con remuneraciones y condiciones adecuadas. Esta situación ideal permitirá al Estado blindarse de acciones indeseables que ya hemos conocido y, a su vez, brindarse al servicio y bien común de sus ciudadanos. Sin embargo, bien sabemos que los gobiernos o administradores temporales pueden en ocasiones torcer los fines del Estado. Esperamos, entonces, que en esta oportunidad en el gobierno primen con supremacía los intereses del Estado y no los políticos ni de los capitalistas quienes sostenidamente han venido diciéndonos que todo, absolutamente todo, debe ser rentable, incluido el servicio público, a reducir costos llaman, en otras palabras, nos intentan convencer de que es totalmente necesario rentabilizar los servicios de Estado y para ello se requiere reducir el aparato estatal, que equivale también a disminución de personal o como ha establecido la propia facultad constitucional “suprimir empleos”. Como es natural y esperable, los funcionarios y funcionarias municipales de Chile no estaremos nunca disponibles para eso.

Fraternalmente,
Arturo Baos Camus
Tesorero AFUMUVI

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