El incremento previsional y la relación de la Contraloría con los municipios

La interpretación respecto al incremento previsional tiene en una tensa relación a los municipios y la Contraloría General de la República. En efecto, el año 1980 el Decreto Ley 3501 en relación al Decreto Ley 3500, señaló que atendido el nuevo sistema previsional que en ese entonces se impulsaba, era necesario velar por proteger el principio de liquidez remuneracional. Ello contemplaba un incremento previsional que mantuviera siempre su monto líquido.

El problema se suscita cuando el 22 de febrero del 2008 la contraloría emite un dictamen donde no hace sino fortalecer lo anterior, en el sentido de que éste no se calcula en relación a cada asignación en particular, sino sobre el total de las que se perciben como retribución por el desempeño del cargo público.                                                     

Un año después, a través del dictamen nº 44.764 del 18 de agosto del 2009, la Contraloría intentó aclarar el dictamen nº 8.466 del año 2008, al señalar que “el incremento contemplado en la normativa aludida, debe calcularse aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o establecidas con posterioridad, las que no gozan del beneficio establecido por el legislador”. Un mes después, en septiembre del mismo año, la contraloría emite un nuevo dictamen. Este obliga a pagar a todos aquellos municipios que habían pagado los saldos de remuneraciones que le correspondían a los funcionarios que estaban en el ejercicio en sus cargos.

En la actualidad, la complejidad se encuentra en la existencia de municipios que se encuentran en situaciones diversas. En primer lugar, están a aquellos que pagaron y siguen pagando en virtud de una resolución judicial. Otros que pagaron hasta el dictamen que establece que los municipios pagaron erróneamente, unos que sólo pagaron algunos meses. Finalmente se encuentran aquellos que nunca pagaron.

Otra problemática se encuentra hoy en la manera de darle solución a la situación. Por una parte, la posibilidad de condonar la deuda por parte de la contraloría, probablemente a través de fondos del ejecutivo. Por otra, la posibilidad de que la aceptación de Alcaldes y funcionarios públicos municipales sea para dejar de percibir para siempre el incremento, lo que no es menor cuando ello constituiría a lo menos un 13 % menos de la actual remuneración respecto de aquellos que percibieron la mejora. Unos 25 mil funcionarios municipales aproximadamente.

Una tercera problemática se encuentra en comprender en que además de la gran cantidad de recursos que significa resolver la situación. El poder judicial, en algunos casos, ha fallado a favor de los funcionarios municipales solicitantes del incremento previsional, por lo que no podrían a estas alturas, los Alcaldes, dejar de cumplir. Sin embargo, la otra cara de la moneda lo constituyen funcionarios que no recibieron y al parecer no recibirán nada. Situación que afectaría el principio de igualdad.

Finalmente, la solución pasará probablemente por la promulgación de una Ley interpretativa que zanje la situación. No obstante ello, es fundamental que ello siempre y para el futuro respete y valorice el principio de autonomía municipal, consagrado en nuestra Constitución, pero nunca materializado, a falta de una adecuada descentralizaciòn fiscal.

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